El Real Decreto de drones, en la picota: la ANPD lleva España a Bruselas

Por Cristóbal Granados · Perito Judicial UAS y Cinológico
El pasado 7 de julio de 2026 quedó registrada en la Comisión Europea una denuncia formal presentada por la Asociación Nacional de Pilotos de Drones (ANPD) contra el Real Decreto 517/2024, la norma que regula el uso civil de los sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) en España. El motivo: la ANPD sostiene que varios de sus preceptos exceden el margen que el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 concede a los Estados miembros, y que por tanto rompen el marco armonizado europeo.
No es una polémica menor ni un debate de despacho. Como perito judicial especializado en UAS, este tipo de conflicto normativo tiene consecuencias muy concretas sobre cómo se instruyen y resuelven los casos en los que un dron está involucrado, ya sea como causante de un daño, como prueba de una investigación o como herramienta de inspección pericial.
¿Qué se cuestiona exactamente?
La denuncia se apoya en un informe jurídico del despacho Tornos Abogados y en un certificado técnico elaborado por un ingeniero aeronáutico colegiado. Los puntos señalados como problemáticos son, principalmente:
• La definición de “entorno urbano” del artículo 40, considerada excesivamente amplia.
• La obligación de comunicar ciertas operaciones al Ministerio del Interior con cinco días de antelación.
• La prohibición de sobrevolar edificios sin autorización expresa de sus titulares.
• Otras restricciones que, según la asociación, alteran el régimen armonizado europeo y pueden disuadir a operadores de otros Estados miembros de prestar servicios en España.
Antes de acudir a Bruselas, la ANPD ya había recurrido el Real Decreto ante el Tribunal Supremo, que estimó parcialmente la demanda y eliminó la obligación de registrar los drones en el Ministerio del Interior. Pero el fondo del asunto —la compatibilidad con el derecho de la Unión— quedó sin resolver, y de ahí el salto a la Comisión Europea, que ahora deberá valorar si abre un procedimiento de infracción contra España.
Mi lectura como perito judicial
Cuando la normativa está bajo revisión, la pericia se vuelve más importante, no menos. Un informe pericial serio no se limita a citar el Real Decreto: debe conocer también el Reglamento (UE) 2019/947, las clases C0-C6 del Reglamento (UE) 2019/945 y los escenarios estándar europeos STS-01 y STS-02, vigentes en exclusiva desde el 1 de enero de 2026. Si una parte de la norma española cae o se reinterpreta, los informes periciales bien fundamentados —anclados en el marco europeo y no solo en el texto nacional— son los que resisten mejor en sede judicial.
Además, esta incertidumbre normativa afecta directamente a la valoración de responsabilidades. Preguntas como si una operación urbana estaba correctamente autorizada, si la comunicación al Ministerio del Interior era exigible o si el sobrevuelo de una propiedad constituía infracción, dependen de una norma que hoy mismo está siendo cuestionada ante las instituciones europeas. Un perito que no siga esta evolución corre el riesgo de fundamentar su dictamen sobre un artículo que puede quedar inaplicado.
Mi recomendación, tanto para operadores como para compañías aseguradoras y despachos que trabajen con casos UAS, es la misma que aplico en mis propios informes: documentar cada operación con el máximo detalle (clase del dron, escenario, autorizaciones, registro de vuelo) y no dar por sentado que el marco actual va a mantenerse inalterado. La prudencia técnica, hoy, empieza por la vigilancia normativa.
¿Qué puede pasar ahora?
La denuncia no abre automáticamente un procedimiento de infracción. Corresponde a la Comisión Europea estudiar la documentación y decidir si hay indicios suficientes para actuar contra España conforme a los Tratados de la UE. El proceso puede alargarse meses, incluso años, pero el mensaje de fondo ya está lanzado: la armonización europea en materia de drones sigue siendo un terreno en construcción, y España no es una excepción.
Seguiré de cerca esta denuncia y os iré informando de cualquier novedad relevante, especialmente de cómo pueda afectar a la práctica pericial en casos UAS. Si tenéis dudas sobre cómo esta situación puede afectar a una operación, un siniestro o un procedimiento judicial en curso, podéis contactar conmigo a través de la web.
Fuentes: Comisión Europea (denuncia ANPD, registrada el 7/07/2026); Xornal Galicia; UMILES Group, guía normativa de drones España 2026.